martes, 31 de mayo de 2016

Rafael Jiménez Asensio: Mentiras de la Transparencia

"Cuando acaben los cohetes, quedará humo” (Andrés Naguel, pintor y escultor)

 “Se ha producido una desarmonía entre el progreso de las técnicas y su metabolización, lo cual genera la ansiedad de la carrera por estar ‘à la page’” (Lamberto Maffei, Alabanza de la lentitud, Alianza, 2016, pp. 70-71)

Rafael Jiménez Asensio. Blog La Mirada Institucional.- Llegamos los últimos. Aun así nos ha entrado el fervor o el entusiasmo por la transparencia, como reconoce Innerarity. En este caso, por ser los primeros.  Veamos algunas expresiones de mentira, sea piadosa, noble o directa, de la transparencia. En verdad, son más bien trampas en el solitario.

Hay un discurso oficial que se repite con persistencia: tenemos la ley más avanzada en la materia. Primera mentira “piadosa” o política. Algo que rompe el esquema que diseñara en su día Jonhatan Swift, en su magnífico opúsculo El arte de la mentira política: “Hay una cosa esencial -decía- que distingue a la mentira política: ha de ser efímera”. En este caso no lo es. No obstante, tal ensalzamiento de la ley, nadie la tomaría en serio fuera de nuestras fronteras. Es una ley tardía y llena de agujeros. Con adherencias incomprensibles, hasta el punto de que ni el propio legislador entendió un ápice sobre qué es eso del buen gobierno.

Pero la verdad es que no tenemos una ley, sino un auténtico caudal de leyes, que cada una pretende ir más lejos que la anterior. Con cada ley que se aprueba, se repite la cantinela: es, siempre se dice, la más avanzada. Otra mentira, también del mismo carácter. Y ahora abundan las leyes que hacen bueno el dicho de que “la transparencia con sangre (sanciones) entra”. Si esta es la solución, vamos dados.

Mantra
La transparencia se ha convertido en un mantra. Todo lo que toca lo transforma si no en sagrado, al menos en bueno. Cuanto más transparencia más democracia. Tercera mentira. La transparencia puede ser un instrumento, en efecto, de control democrático del poder. Algo que dista mucho, hoy en día, de producirse. Pero nadie nos preserva de los malos usos o usos desviados de una transparencia mal entendida, como cotilleo chabacano de unos espectadores o de unos medios que hacen del escándalo político su fuente de búsqueda o como arma arrojadiza que la oposición política utiliza a su antojo para desgastar al gobierno, sea este el que fuere. La transparencia efectiva requiere una sociedad políticamente madura.

Para que la transparencia cumpla ese digno papel de mecanismo de control democrático del poder ejercido directamente por la ciudadanía y que sirva, asimismo, de medio rendición efectivo de cuentas, es necesario que la transparencia sea utilizada por un amplio número de ciudadanos. Y su finalidad debe ser informativa, con el objeto de controlar qué se hace en el sector público, cómo se hace y con qué recursos. Ese uso masivo o intenso ni se da ni se le espera. Los portales de transparencia (a pesar del despliegue de medios y recursos que está requiriendo su puesta en marcha) son escasamente visitados y, prácticamente en ningún caso, con la finalidad antedicha. Al menos de momento ya tenemos una cuarta mentira, presumo que por bastante tiempo.

Seamos honestos, la pretensión de universalizar ese derecho al saber por parte de la ciudadanía a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública ha resultado hasta la fecha un auténtico fiasco. Apenas se ejerce. A pesar de que, incluso, el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tenido que realizar campañas institucionales para estimular su ejercicio y justificar su propia existencia. Ni cortos ni perezosos hemos creado múltiples estructuras institucionales paralelas (algunas especialmente densas) en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Síndrome de (falsos) nuevos ricos. Eso sí, transparentes.

La ciudadanía ignora el derecho o, lo que es peor aún, no hace apenas uso alguno de ese cauce. Los escasos consumidores de ese derecho están identificados: son  periodistas encubiertos, grupos políticos (por vía directa o indirecta) que optan por recurrir a esa vía (como alternativa a la vía de ejercicio de sus derechos fundamentales derivados del artículo 23.2 CE) para obtener información y ejercer la oposición “sacando los colores al gobierno”, algunas entidades con intereses específicos o que son nuevos actores en ese nuevo mundo de la transparencia, y unos pocos ciudadanos con obsesiones singulares o con mucho tiempo libre.  El resultado final es pírrico: un derecho ampliamente configurado y pobremente ejercido. Los jóvenes, generación digitalizada donde las haya, ignora supinamente todo esto. El derecho universal al saber es, hoy por hoy, pura mentira. Existe, pero no se ejerce. La quinta mentira.

La mentira de la reutilización
La apertura de datos y la reutilización de los mismos, tan enfáticamente reconocida en las leyes, es la sexta mentira. Seguimos confundiendo la publicación de las leyes y su aplicación. Nuestra conciencia queda tranquila con el primer paso (publicación) y prescinde del segundo (aplicación). Juego de “trileros”. Deberá transcurrir tiempo, en algunos casos tiempo inmemorial, para que esos objetivos se plasmen en algo real, por lo menos en determinadas administraciones públicas.

De la transparencia colaborativa, mejor no hablemos. Al menos el legislador, en buena parte de los casos, orilla el problema. Se nos llena la boca de “gobierno abierto” y apenas un suspiro del mismo entra en nuestras estructuras político-administrativas. Habas contadas. Ni siquiera llega por tanto al grado de mentira, pues en la mayor parte de los casos ni se ha formulado. Algo similar ocurre con la incidencia de la transparencia en el cambio de cultura de las organizaciones públicas (¡cómo si fuera tan sencillo pasar de la “cultura de la opacidad” a la “de la transparencia”!). Los pasos dados hasta ahora no superan el estadio de medidas de mero maquillaje. Algunos empleados públicos es cierto que utilizan los Portales de Transparencia o páginas web para buscar información necesaria en su propio trabajo, en general con más intensidad que la propia ciudadanía. Pero es un medio que facilita la búsqueda, en absoluto una palanca de cambio de la cultura organizativa, ni de transformación en el modo y manera de hacer las cosas.

Hay, en efecto, mucha retórica en ese imperativo de la transparencia. Un mundo lleno de eslóganes, escenificación y mucha comunicación exprés que multiplica los logros. Es lo que se lleva: “lo que no está expuesto, no existe”, como reconoce Byung-Chul Han; un filósofo especialmente crítico con la transparencia.

Hay, asimismo, bastante negocio. El sector público está invirtiendo cantidades importantes de recursos en mostrar, puertas afuera, que cada nivel de gobierno y administración es el más avanzado, el  más transparente, el que tiene un Portal más accesibles, quien cuelga mayor cantidad de información pública, sea esta relevante o no. Al calor de todo ese movimiento (¿hacia dónde?) de la transparencia, no cabe duda que “organizaciones sin ánimo de lucro” se están lucrando de ese sinfín de carencias que ofrece el sector público y que ellas se prestan a subsanar. La consultoría de gestión (sistemas informáticos u organizativos) prolifera en este ámbito. Es hora de vender. Hay mercado. También es hora de formar en masa (¿en qué y cómo?) a unos empleados públicos que, por lo común, se muestran escépticos y renuentes a cambiar sus hábitos e internalizar lo que ese valor de transparencia comporta en su actividad cotidiana.

Proliferan instrumentos y herramientas por doquier. Se multiplican programas y proyectos. Se innova, o al menos eso se dice. Se publicitan por las redes sociales múltiples experiencias, supuestas buenas prácticas y se reparten premios o parabienes entre unos y otros; los “fieles” de la transparencia, que también los hay. Aplausos por doquier e innumerables “me gusta”. Fervientes impulsores de un cambio que no se percibe, ni siquiera se barrunta. Las redes sociales son el medio (en no pocas ocasiones, aunque suene a paradoja) “endogámico” de difusión de su credo. Con calado escaso, al menos de momento.

Pero algo falla en todo este movimiento precipitado, propio de la velocidad de la conectividad instantánea, que diría Paul Virilio. O de la fungíbilidad de lo vacuo. Y tal vez falle el discurso, la orientación y el saber realmente a dónde se quiere o hacia dónde se pretende ir, para qué y por qué. Hay poco pensamiento institucional, menos aún sosegado y lento. Prima, como ha recordado recientemente Lamberto Maffei (siguiendo a Kahneman), el pensamiento rápido que fácilmente se transforma en acción, mientras que el pensamiento lento el que garantiza el auténtico progreso y resultado se olvida o, peor aún, se desprecia. También hay una reflexión escuálida (de power point), tweet o de post y apenas nada de elaboración conceptual sobre el sentido y alcance real de la transparencia. Solo prisas por llegar los primeros y ser objeto de un premio, reconocimiento o salir bien parado en uno de los múltiples rankings que proliferan por doquier. Sacar pecho y ser noticia. Triunfo de lo efímero. La transparencia, así (mal) entendida, es un magnífico escaparate para que la política espectáculo eche raíces firmes. Para desgracia de todos.


Todo ello bajo la mirada indiferente de una ciudadanía, que vive especialmente ajena a toda esa ebullición desenfrenada de la transparencia. Hay un consumo de “circuito cerrado” de la transparencia, que no traspasa las paredes de la sociedad civil y apenas sale del espacio, especializado o “escandalizado”,  de las redes sociales. Si así se sigue, pronto se convertirá (si no lo es ya) en puro humo. Una pena, pues se habrá matado el potencial innovador o transformador que la auténtica transparencia bien entendida incuba.

domingo, 29 de mayo de 2016

Presentación en Oviedo del libro "Los 10 pecados capitales de los empleados públicos"

"No hay profesión sin pecados ni virtudes". Esta es la primera frase que pronuncian el magistrado ovetense José Ramón Chaves y el abogado madrileño José Manuel del Valle nada más sentarse en una cafetería ovetense. Lo dicen por su nuevo libro "Los diez pecados capitales de los empleados públicos. Leyenda y realidad de una tribu universal", en el que cuentan en clave de humor "qué pasa detrás de los muros de la Administración". Aunque las flaquezas imperan en el título, las fortalezas lo hacen en el texto.
"Somos muy constructivos. Reflejamos la visión que tiene el ciudadano de los funcionarios, pero también insistimos en potenciar sus virtudes", explican los autores del ensayo, que tuvo su puesta de largo ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). Tras el éxito cosechado con su anterior título, "Abogados al borde del ataque de ética", José Ramón Chaves y José Manuel del Valle dan el salto en éste al "oscuro planeta" de los funcionarios por dos razones. Primero personal -dicen- por "nuestra experiencia en la Administración" y segundo, objetiva porque describen a un colectivo masivo y "que es criticado en todas las sociedades del mundo".
Entre risas y dando sorbos a un café con hielo, el magistrado y el abogado desgranan los diez -que no los siete- pecados capitales de los funcionarios. Ambos detallan que la razón de añadir tres más se debe a la propia masa burocrática que envuelve al empleado público: frivolidad, intransigencia y oportunismo. Pero antes de hacer un pequeño recorrido por cada uno de ellos, Chaves y del Valle insisten en que la "mayor virtud" de este grupo de trabajadores es la paciencia y en sentido doble: "frente al político caprichoso y ante el ciudadano intransigente". En definitiva, representan la pieza interior de un "sandwich", cuyo fin último es cumplir la ley. "Se tiende a machacar al que da la cara, al de la ventanilla; sin embargo, el funcionario sólo se dedica a respetar la legislación", afirman.
Del 1 al 10:
1) Soberbia. Se entiende con la siguiente frase: "Yo pasé la oposición y yo soy dueño y señor de mi plaza". Con el añadido de que al empleado se le viste de potestades públicas y se desprende del traje de la modestia.
2) Avaricia. El funcionario se mueve en un entorno en el que hay muchas posibilidades de crecer en el sentido de ganar más dinero, tener más poder o mandar más. En los pasillos sólo se preguntan: "¿Cómo me promociono?"
3) Ira. Impera el café para todos con incentivos, pero no hay un estímulo para trabajar mejor. El dedo del político es el que decide su futuro y ahí es cuando surgen los enfados. Al no poder ensañarse con el de arriba, lo hace con el de abajo.
4) Lujuria (en sentido profesional). Al coexistir personas de diferente sexo y edad, se dan situaciones pintorescas. Todos quieren tener el mejor despacho, el mejor móvil, el mejor coche... Es el amor a la competitividad.
5) Envidia. Es un sentimiento que nace con especial virulencia cuando no son tratados igual ni por la ley ni por sus superiores. El funcionario tiene envidia del político, del empresario privado...
6) Gula. (en sentido metafórico). Se refiere al apetito de querer siempre más: acudir a comisiones de servicios, a cursos de formación, tener vacaciones...
7) Pereza. Es el más clásico: el funcionario es un vago. Sin embargo, los autores salen en su defensa para dejar claro que esa es una "sensación" fruto del desconocimiento, pero no una realidad. El retraso en los trámites responde a un imperativo legal.
8) Intransigencia. El ciudadano quiere que se resuelva su caso de la forma que él lo percibe. Sin embargo, el funcionario aplica la ley y entonces se le ve como una persona poco solidaria.
9) Frivolidad. Su estatuto es muy cartesiano en cuanto a trámites y horarios. Es entonces cuando sueltan las típicas frases de "a mí me da igual que se haya acabado el plazo"; "esto no lo llevo yo, sino fulanito"...
10) Oportunismo. La única forma de ascender en la Administración es pisarse uno a otros en las escaleras, que además suelen ser estrechas. Aquí es cuando empleado público intenta conocer a un político y medrar en la tierra de las oportunidades.

-Ver anterior post sobre Los diez Pecados Capitales
-Editorial Amarante.-

sábado, 28 de mayo de 2016

Luces, sombras y grandes polémicas de los Ayuntamientos del cambio, un año después

El panorama político municipal experimentó un vuelco en muchas grandes ciudades hace ahora un año.

La minuciosa fiscalización de su gestión ha revelado luces, sombras y, sobre todo, grandes polémicas. 

Revista de prensa. El Confidencial.- Las plataformas municipalistas y partidos no tradicionales se hicieron con el poder en las principales plazas de la geografía española como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Cádiz o Santiago de Compostela -cuatro de ellas se incluyen entre las cinco ciudades más pobladas- contra el pronóstico de las encuestas. 
Los alcaldes Dolors Sabater (Badalona), José María González
"Kichi" (Cádiz),Joseba Asiron (Pamplona), Xulio Ferreiro (A Coruña)
 y Ada Colau (Barcelona), en un acto conjunto. (EFE)



El asalto institucional de los 'indignados', el cambio de caras o el maximalismo de sus propuestas atrajeron el foco mediático desde el primer momento, no solo nacional, sino también de los medios internacionales ante lo que se consideró un fenómeno político sin antecedentes y, por tanto, cargado de incertidumbres.

La minuciosa fiscalización de su gestión ha revelado luces, sombras y, sobre todo, grandes polémicas. Un año que bien podría parecer una legislatura, no tanto porque se hayan producido grandes transformaciones, sino por la intensidad informativa, el auge de la política de gestos y porque han despertado pasiones y odios a partes iguales. Los candidatos “alternativos” a las alcaldías eran unos grandes desconocidos cuando tomaron el bastón de mando. Hoy se les conoce por el nombre del pila e incluso por el apodo: Ada, Manuela, Xulio, Kichi…

La falta de experiencia se ha dejado notar, al igual que el exceso de ambición, que con el tiempo se ha rebajado en una suerte de pragmatismo cuya máxima expresión es la entrada de los socialistas en el Gobierno municipal de Barcelona y que también se plantea a corto plazo en Madrid. Conseguir el necesario apoyo del PSOE para sacar adelante los presupuestos es una de las razones para su entrada en el caso de Barcelona. Para los defensores de la coalición, esta salva la falta de experiencia -evitando caer en polémicas innecesarias- y evita los bloqueos de un Gobierno en minoría, mientras que para sus detractores traiciona la voluntad de cambio real.

Las diferencias son notorias entre los denominados “Ayuntamientos del cambio”, con una gestión que ha obtenido más o menos respaldo desde las filas socialistas, una política más o menos rupturista, con más o menos errores y aciertos o polémicas. Centrándose en las políticas concretas, este es el balance de los nuevos gobiernos municipales durante su primer año de gobierno.

Deuda, sueldos y códigos éticos
La herencia recibida se convirtió en la norma durante los primeros meses para justificar la lentitud a la hora de cumplir con las promesas electorales. Estratégicamente se decidió abandonar este discurso victimista, aunque se sigue rescatando en los momentos de mayores aprietos y es una constante en el caso del alcalde gaditano, quien descarga responsabilidades constantemente en la figura de su antecesora popular Teófila Martínez.

La reducción de la deuda ha centrado parte de los esfuerzos de estos ayuntamientos, con resultados desiguales. Precisamente, se trata de una de las banderas que ya está enarbolando Pablo Iglesias en precampaña como ejemplo de su capacidad de gestión. En Madrid se redujo en 871 millones al cierre de 2015, situando los números rojos en 4.766 millones de euros, aunque el concejal del ramo, Carlos Sánchez Mato, ya ha adelantado que se priorizará el gasto social al pago de la deuda. De este modo, si en el anterior presupuesto el pago de la deuda suponía el 27%, en el proyecto de 2016 no llegará al 14%. Por otra parte, el Ayuntamiento rompió con las agencias de calificación evitando renovar sus contratos, lo que para PP y Ciudadanos podría tener “consecuencias muy dañinas”.

En Cádiz la reducción de la deuda en el pasado ejercicio fue de 10 millones, dejándola por encima de los 250, mientras que en Valencia se sitúa en los 700 tras reducirla en 36. La cantidad amortizada en Barcelona fue 34, hasta dejarla en 682, mientras que en Zaragoza siguió aumentando y se disparó hasta los 1.070 millones, en parte por el pago de sentencias acumuladas y por agujeros negros como la hipoteca por la construcción del tranvía. El alcalde había amenazado con una auditoría, poniendo a los bancos en el punto de mira, y planteó un plan de renegociación, pero en los presupuestos se mantuvo el cumplimiento de las obligaciones que suponen un mayor gasto en intereses y amortizaciones. Además, la deuda con los proveedores ha aumentado un 9%. Con todo, estos Ayuntamientos han aumentado el gasto social entre un 15% y un 30%. En A Coruña, la amenaza de quiebra del Ayuntamiento obligó al alcalde Xulio Ferreiro a solicitar un crédito de 11 millones de euros tras asumir el cargo.

Los códigos éticos que previamente a las elecciones firmaron todos los candidatos de estas fuerzas políticas establecían una limitación salarial muy por debajo de las disfrutadas por los anteriores representantes públicos. El sueldo medio de estos concejales se estableció, de media, entre tres y cuatro veces el salario mínimo interprofesional, pero finalmente estas limitaciones no fueron aprobadas en el pleno o ni si quiera se plantearon, como en el caso de Madrid, ante la negativa de la oposición, según explicaron. Los 'concejales del cambio' reciben su sueldo íntegro y posteriormente deciden individualmente a qué destinar la parte sobrante, generalmente a proyectos sociales o al propio partido. La alcaldesa de Madrid se ha saltado estos topes salariales, donando 13.000 euros menos de lo prefijado. Su homólogo José María González 'Kichi' decidió cobrar lo mismo que como profesor, unos 1.800 euros mensuales.

-Operaciones urbanísticas, huelgas y desahucios
Junto a la errática aplicación de la ley de memoria histórica y otras polémicas culturales -como la cabalgata de los Reyes Magos o el 'titirigate' en los Carnavales- la paralización o modificación de las grandes operaciones urbanísticas pendientes en Madrid ha acaparado la mayor parte de las críticas al nuevo Gobierno. La operación Chamartín, rebautizada como Madrid Puerta Norte, en un nuevo proyecto que reduce su ámbito de actuación y no contempla levantar rascacielos, ha motivado esta misma semana que el Ministerio de Fomento amenaza a Carmena con tomar acciones legales si no sale adelante. Desde la entrada en el consistorio de Ahora Madrid también ha sido aparcada la operación Mahou-Calderón y se ha paralizado el proyecto de viviendas sobre las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. Frentes abiertos que han sacado a relucir diferencias internas en el seno del Gobierno municipal.

En Barcelona, el nuevo Gobierno municipal liderado por la exportavoz de la PAH ha puesto su punto de mira en los alojamientos turísticos, luchando contra los ilegales y desarrollando un plan especial urbanístico de alojamientos turísticos mediante el que no se otorgan más licencias en el centro de la ciudad. A su vez se ha sancionado a entidades bancarias por acumulación de viviendas vacías y se ha amenazado a las eléctricas por realizar cortes de luz a familias sin recursos.

Ada Colau y Pedro Santisteve han sufrido huelgas de transporte. En el caso de la Ciudad Condal, Colau vivió sus semanas más complicadas con la huelga de metro, tren y autobuses, que no logró evitar los paros durante el Mobile World Congress. En el caso de la capital maña, la huelga de autobuses llegó al interior del Ayuntamiento centrando los choques políticos del regidor con la oposición.

-En materia de vivienda, los 'alcaldes emergentes' han negociado con las autoridades judiciales para paliar el drama de los desahucios

En materia de vivienda, todos los nuevos 'alcaldes emergentes' han abierto mesas de negociación con las autoridades judiciales para encontrar puntos de encuentro que ayudasen a paliar el drama de los desahucios, con oficinas de intermediación hipotecaria como en el caso de Madrid. Los desahucios que no han podido pararse, que los sigue habiendo hasta el punto de provocar un cisma en la PAH madrileña entre los partidarios de aumentar la presión sobre Ahora Madrid y los que no lo son.

En A Coruña, la plataforma Stop Desahucios tampoco escondió su beligerancia durante los primeros meses de mandato de Xulio Ferreiro por considerar que las medidas adoptadas eran insuficientes. Por otro lado, todos estos gobiernos están cumpliendo la promesa de ofrecer alternativas habitacionales a aquellas familias desahuciadas, mediante diferentes fórmulas que van desdela cesión de viviendas vacías por parte de los bancos al pago de alquileres. Acciones enfocadas a garantizar el derecho a la vivienda que se han complementado con otras para luchar contra el chabolismo o la pobreza energética. Los ensayos de democracia directa han sido constantes, destacando los presupuestos participativos, aunque con cuotas de participación marginales hasta el momento. 

viernes, 27 de mayo de 2016

Novedad editorial: Nuevos Modelos de Formación para Empleados Públicos. Guía para la transformación

Ya es oficial.  La plataforma digital de la editorial UOC publicó el libro Nuevos Modelos de Formación para Empleados Públicos. Guía para la transformación.

Jesús Martínez. Blog Trabajo Colaborativo.- Aún faltan tres semanas para que la UOC lo haga llegar a las librerías pero, para los más impacientes, ya podéis encargarlo desde la  plataforma de la editorial.

Llevaba varios meses esperando este momento, y ahora se ha precipitado ya todo. Ha sido un trabajo bastante duro por la necesaria disciplina que se necesita para escribir una obra de esta envergadura (280 páginas).  Refleja, a mi juicio estos 10 años de exploración y aprendizaje sobre la formación de empleados públicos. El libro va mucho más allá de lo que ha sido la temática de este blog, el trabajo colaborativo y las comunidades de práctica,  y explora otros elementos importantes conectados. Os dejo debajo la síntesis y en el enlace el índice.

Resumen

Este libro aborda uno de los aspectos de mayor trascendencia en las organizaciones: el aprendizaje. Actualmente, la forma de entender el conocimiento y el aprendizaje ha cambiado, pero la formación no lo ha hecho con la misma intensidad. Las personas ahora son más autónomas, reivindican aprendizajes activos y ofrecen su conocimiento como gran activo para la Administración Pública. Esta guía señala la urgencia de transformar las metodologías tradicionales y, para ello, ofrece directrices y experiencias que pueden ser útiles tanto a responsables de formación y formadores, como a las personas interesadas en el aprendizaje.

 A lo largo de la obra se analizan los tres métodos más usuales de formación: el tradicional, el de competencias y, el más novedoso, el basado en el aprendizaje social y colaborativo. A continuación, se ofrece un modelo de síntesis que integra los principales elementos de las propuestas anteriores, así como una propuesta de aplicación del nuevo modelo. Se desarrolla, asimismo, la relación entre formación y gestión del conocimiento y la articulación de arquitecturas participativas.

 En el capítulo final, se presentan pautas específicas sobre liderazgo, innovación y gestión para conducir la transformación de la formación en el entorno de la Administración pública.

jueves, 26 de mayo de 2016

TI-España y el Consejo General de la Abogacía convocan el I Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción

La presentación de candidaturas comenzará el próximo 30 de mayo y finalizará el 30 de junio

T.Internacional España. El objetivo de este galardón es alentar y reconocer el trabajo de quienes de quienes hayan demostrado una actitud firme y ejemplar en aras de la transparencia y de la lucha contra la corrupción.

La convocatoria de este premio ha sido firmada por el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. El C.G.A.E. es la institución que agrupa a los ochenta y tres Colegios de abogados existentes en España.

El ‘Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción’ se concederá a una persona física o jurídica de cualquier nacionalidad que haya destacado en su trayectoria profesional o vital por su compromiso y actuaciones a favor de la transparencia, la integridad o la lucha contra la corrupción. Además del premio se concederán dos accésits.

El fallo el 15 de Julio
La propuesta de candidaturas podrá realizarla cualquier persona física, entidad o empresa, así como los miembros de las dos organizaciones convocantes del Premio. La presentación de candidaturas comenzará el próximo 30 de mayo y finalizará el 30 de junio, mediante envío por correo electrónico de las propuestas a los correos electrónicos informacion@abogacia.es y
 transparency.spain@transparencia.org.es acompañando la documentación acreditativa de los méritos del candidato propuesto.

El fallo del jurado, compuesto por seis miembros designados a partes iguales por el Consejo General de la Abogacía Española y por Transparencia Internacional España, se hará público antes del 15 de julio de 2016. El Premio carece de dotación económica.

miércoles, 25 de mayo de 2016

Integridad Institucional: Tres experiencias

“Para mantener unos estándares de ética pública elevados no solo se requiere unos servidores públicos ejemplares, sino también unos ciudadanos decentes y conscientes de sus derechos y de sus obligaciones” (Adriá Albareda/Francisco Longo, Administración con valores, INAP, 2015).

Rafael Jiménez Asensio. blog La Mirada Institucional.- Algo se mueve, siquiera sea lentamente, en el ámbito de la integridad del sector público. La pretensión de este post no es otra que dar noticia de tres recientes casos, dos de buenas prácticas y otro de una Ley que exige aprobar códigos de conducta a los municipios (no es la primera, pues antes lo hizo la Ley catalana 19/2014, pero con un esquema diferente basado en sanciones). Los tres casos son de procedencia vasca, sin duda el ámbito territorial donde más se ha avanzado en este terreno durante los últimos años. Cada uno de ellos aplicable a un nivel de gobierno, lo que significa que en el tejido institucional vasco todos los ámbitos de poder están siendo permeables a esta tendencia imparable de la integridad institucional.

No son los únicos casos. Recientemente el gobierno de la Generalitat valenciana, también en desarrollo de su Ley de Transparencia, ha aprobado por decreto un código ético para los altos cargos de esa Administración, si bien su esquema dista de ser asimilable a los modelos puestos en marcha en Euskadi, inspirados estos en las propuestas de la OCDE de construcción de Marcos de Integridad Institucional.

Es posible que a esas experiencias sigan otras, pues en las Cortes de Aragón se está tramitando un proyecto de ley de Integridad y Ética Pública, que se comentará cuando vea la luz. Tiene aspectos de interés (por ejemplo, un enfoque “integral” de la integridad), aunque ofrece puntos a la crítica en algunos ámbitos (la distinción entre código de buen gobierno de altos cargos, recogido en la Ley, y códigos de conducta solo aplicables a empleados públicos).

También hay algunos códigos de diferentes instituciones en proceso de elaboración, sobre ellos habrá que volver en este espacio. Pues creo que es interesante comenzar a contraponer lo que es una concepción de la ética institucional como modelo de autorregulación y de prevención (modelo OCDE), con lo que ya comienza a ser -aunque a algunos no les guste la expresión- el “modelo hispano” (o contaminado por la Ley 19/2013) de configurar la ética pública como buen gobierno (ecuación incorrecta o, al menos, incompleta) y que pone el peso del sistema en un régimen sancionador, que rara vez se aplicará, si es que se aplica.

El primer ejemplo es la regulación del artículo 35 de la reciente Ley de Instituciones Locales  de Euskadi (https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/16015), donde se prevé expresamente la obligación que tienen los gobiernos locales de aprobar Códigos de Conducta aplicables a los cargos representativos y que pueden ser extendidos al personal directivo (aspecto ya comentado en su día en NovaGob por Campos Acuña). Estos Códigos pueden incorporar un sistema de seguimiento y evaluación. Por tanto,  a partir de ellos se pueden construir Marcos de Integridad Institucional (tal como he hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao), lo cual es muy recomendable para evitar que se conviertan en papel mojado.

Llevar a cabo esa tarea de elaboración y gestión de los Códigos de Conducta de forma ordenada requerirá una participación activa de EUDEL (asociación de municipios vascos) en ese proceso, que -si bien la Ley no la cita expresamente- su concurso se torna imprescindible para elaborar un Código-Típo que aúne valores y normas de conducta comunes, así como establezca un órgano de garantía común (Comisión de Ética) que unifique las pautas interpretativas y resuelva los dilemas y quejas con criterios homogéneos. Lo contrario podría conducir a la fragmentación nada recomendable de un proceso que requiere ser conducido con tino y mesura. Hay mucho en juego.

La dipu de Gipuzkoa
Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó en marzo de 2016 un Sistema de Integridad  (http://www.novagob.org/file/view/175241/sistema-de-integridad-institucional-de-la-diputacion-foral-de-gipuzkoa) que lleva a cabo un enfoque novedoso del problema, pues huye de poner solo el foco de la integridad en la zona alta de la Administración, sino que se inclina por una concepción integral de los problemas éticos, abarcando en su planteamiento a los empleados públicos y yendo, incluso, más lejos. En efecto, la Diputación Foral apuesta por extender -en línea con las corrientes más avanzadas que está pergeñando la OCDE- también a la sociedad civil (por ejemplo, al prever la extensión de ese marco de integridad a contratistas, concesionarios o entidades que perciban subvenciones). En efecto, difícilmente puede salvaguardarse la ética de las instituciones públicas con una ciudadanía que no preserve asimismo esos valores, tal como se indica en la cita que abre este comentario.

Asimismo, como primer paso de construcción del Sistema de Integridad institucional la Diputación guipuzcoana aprobó un innovador Código de Conducta y Buenas prácticas de cargos públicos, que adopta el enfoque de un modelo preventivo y crea una Comisión de Ética (con más presencia de externos que de internos, lo que refuerza la garantía de imparcialidad) como órgano de garantía que resuelve las consultas, dilemas éticos y quejas o denuncias. Esta Comisión aprobará  también Guías aplicativas. En suma, se trata sin duda del modelo más avanzado hasta la fecha existente en España.

Pero esa buena práctica bebe sin duda del pionero Código Ético y de Conducta de altos cargos aprobado por el Gobierno Vasco en 2013, así como de las importantes resoluciones de su Comisión de Ética, que aporta casi tres años de experiencia. En este sentido, la tercera buena práctica de la que queremos hacernos eco en esta entrada es la publicación de la Memoria de la Comisión de Ética del Gobierno Vasco correspondiente al año 2015 (http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/comision_etica_publica/es_def/adjuntos/Memoria_comision_etica_2015.pdf,).

Este importante documento arranca con una justa censura a la incomprensión de los problemas de ética institucional por parte de las instituciones centrales del Estado (algo que ha terminado por influir negativamente en algunos modelos autonómicos, como se ha dicho). La experiencia, también pionera (aunque incompleta y ya derogada) del Código de Buen Gobierno de los altos cargos de la AGE, constituyó un claro ejemplo de mal entendimiento de la ética como “cosmética”, algo que ya denunció Manuel Villoria en un libro publicado en el año 2012. La legislatura 2011-2015 fue, por su parte, testimonio de la de incomprensión absoluta de lo que es la Ética Institucional y qué papel cumple. La derogación del Código de Buen Gobierno y su sustitución por unos paupérrimos principios éticos en la Ley 3/2015, del estatuto del alto cargo, son la prueba de esa incomprensión aludida.

Frente a ese modelo de apariencias, el Código vasco ha sido un instrumento aplicativo, con diferentes resoluciones y con propuestas de modificación planteadas también por la propia Comisión de Ética, que han conducido a la adaptación constante de su contenido; lo que ha configurado al Código vasco como un work in process y ha evitado la petrificación de la regulación de contenidos éticos, que por lo demás es una de las consecuencias obvias de la regulación de esta materia por leyes.

La Memoria de la Comisión de Ética del Gobierno Vasco de 2015 además, pone de relieve la importancia de la propia Comisión como mecanismo preventivo o de resolución de dilemas éticos que plantean a través de consultas los propios altos cargos y las personas sometidas a su ámbito de aplicación (por cierto, ámbito que se ha visto ampliado en una reforma del propio Código). También nos muestra que los trece asuntos conocidos por la Comisión en 2015 varios de ellos se refieren a problemas de conflictos de intereses, aunque la entrada en vigor de la normativa básica aprobada por el Parlamento Vasco (Ley 1/2014) ha atenuado mucho los problemas que debe resolver la Comisión en estas materias. Se pueden consultar todos los casos analizados y sus respectivas resoluciones en el siguiente enlace:

En fin, tres experiencias, casos o buenas prácticas -con distinto alcance e intensidad- de los cuales convendría que se tomara nota y se analizará hasta qué punto pueden ser trasladadas a otros contextos. Algo difícil, sin duda, sobre todo cuando la sensibilidad política por estos temas es prácticamente inexistente aún en muchos ámbitos territoriales de este país. O también difícil por la atracción taumatúrgica que existe (en unas administraciones colonizadas por un discurso jurídico-formal) de regular estas cuestiones en la Ley.

Tiempo habrá para que, unos y otros, recapaciten, si es que realmente quieren luchar de modo efectivo por la integridad institucional. La ética institucional, por su carácter esencialmente preventivo, debe mirar siempre al futuro. Para lo que se haya hecho mal ya está el Derecho como medio de represión o, en su caso, de reparación, sin perjuicio de que las normas jurídicas sancionadoras cumplan también un papel disuasorio. La integridad institucional no se alcanzará solo llenando los boletines oficiales de códigos que se publican, pero que realmente no se aplican. Apostar por la integridad es, en verdad, otra cosa. A ver si de una vez por todas se comienza a entender el alcance del problema.

martes, 24 de mayo de 2016

Carles Ramió: La necesidad de mirar más al futuro en la Administración Pública

"Plantearse a nivel teórico como debería ser la Administración pública a largo plazo es un mecanismo imprescindible para tomar las decisiones del presente con una cierta orientación estratégica, y no solo como una forma de salir al paso de problemas coyunturales del presente"

Carles Ramió. Blog EsPúblico.- El problema estructural de las administraciones públicas de todo el mundo es una  absoluta falta de identidad estratégica. Ni cuando se plantean reformas se observa mucho más allá del presente  y solo se diagnostican  los problemas de un pasado inmediato y todas las medidas prescriptivas que se proponen, en el marco o no de una reforma administrativa, son a muy corto plazo. 

Es evidente, que durante los últimos 50 años las administraciones públicas han experimentado muchos cambios pero éstos han sido muy escasos a nivel de modificar de forma drástica su paradigma conceptual. Los sistemas públicos actuales se parecen en exceso a los de hace cincuenta años e incluso cien años. La tecnología y la sociedad avanzan y se transforman a un ritmo de liebre y las administraciones públicas deambulan a un ritmo de caracol cuando no en el sentido del cangrejo (con importantes regresiones) o se inmovilizan durante años con la estabilidad y el anclaje de un mejillón. Los políticos, los funcionarios y los estudiosos de la Administración pública son conscientes que conducen un artefacto tan complicado que o bien lo mantienen parado por temor a no saberlo liderar o bien lo conducen de forma lenta, con la luces cortas y obsesionados en observar solo al retrovisor. 

A casi nadie se le ha ocurrido poner las luces largas por temor a deslumbrar e inquietar a los susceptibles artefactos móviles implicados (partidos políticos, funcionarios, sindicatos, empresarios, movimientos sociales, etc.) o a casi nadie se le ha ocurrido observar el GPS para anticipar rutas alternativas incluso a pocos años vista.

La prospectiva es una disciplina poco rigurosa que por más sofisticaciones metodológicas al final se concreta en sacar la bola de cristal y de forma intuitiva, artística e incluso mística intentar anticipar el futuro. Se trata de un ejercicio muy poco robusto a nivel académico y sujeto a todo tipo de críticas corrosivas. Pero no realizar este ejercicio, que combina la temeridad con ciertas dosis de magia, nos aboca a ser conservadores, reactivos y muy poco innovadores. El temor que nos genera jugar a anticipar el futuro y a atreverse a conducirlo de forma creativa nos condena a ser gallinas sin cabeza que no paran de moverse de forma caótica, desconcertando a la mayoría de los actores, y sin una ruta clara de avance. En este sentido, considero que plantearse como puede o debería ser la Administración pública en el futuro no es un ejercicio inútil, sino que es una manera de anticiparse a los acontecimientos y, en la práctica, nos permite  ir junto a ellos en su avance y no, como es habitual, muy por detrás de los mismos.

El futuro
Plantearse a nivel teórico como debería ser la Administración pública a largo plazo es un mecanismo imprescindible para tomar las decisiones del presente con una cierta orientación estratégica, y no solo como una forma de salir al paso de problemas coyunturales del presente. Realizar análisis de prospectiva es más necesario de lo que parece para la toma de decisiones públicas del día a día. 

Todos sabemos, por ejemplo, que una política pública en el ámbito de la energía tiene siempre una orientación a largo plazo, a veinte o a treinta o más años vista. Pues, a mi entender, lo mismo sucede con las políticas de carácter institucional y organizativas que son aquellas que deben perfilar como deben ser los aparatos públicos que diseñarán, decidirán e implementarán las políticas públicas y los sistemas de gestión del futuro. Pongamos un ejemplo: hace un tiempo un político responsable de la función pública de una gran institución del país me preguntó sobre los potenciales contenidos de una nueva ley de función pública. Ante esta pregunta yo respondí con otra interpelación: ¿cuándo se aprobó la última ley de función pública? Es obvio que se trataba de una pregunta retórica ya que sabía que la última ley de función pública, y por tanto la vigente, tenía ni más ni menos que veinticinco años de antigüedad. Y realicé la siguiente reflexión: es evidente que una ley de función pública cuesta mucho de cambiar y que por su naturaleza y por su complejo proceso de aprobación siempre será una ley a muy largo plazo. 

Pues bien, en ningún caso se trata de que la nueva ley se limite a solucionar los problemas del presente sino que tiene que poseer una orientación estratégica, ya que va a ser un puntal para diseñar y conducir al futuro modelo de Administración durante los próximos 25 años. Una nueva ley tiene que mirar menos al retrovisor y al parabrisas contemporáneo e intentar hacer el esfuerzo de vislumbrar posibles escenarios de futuro a largo plazo. Si no se diseña de esta manera la nueva ley va a nacer vieja, y lejos de ser la solución va a ser el corsé que impedirá la modernización durante los próximos lustros de la Administración en cuestión.

lunes, 23 de mayo de 2016

Ciudades inteligentes: el próximo negocio de Alphabet (Google)

Los esfuerzos anteriores para construir ciudades inteligentes o distritos integrados con la tecnología han fracasado porque normalmente los planificadores urbanos y ejecutivos de tecnología no se entienden entre sí

Revista de prensa.- Expansión.es. En las próximas semanas, altos ejecutivos del gigante de tecnología de Mountain View (California, EEUU) escucharán la propuesta de negocio de su subsidiaria enfocada en tecnología urbana, Sidewalk Labs. Se trata de un plan para entrar en un nuevo y ambicioso escenario: la construcción de ciudades.

Según personas conocedoras de los planes de la compañía, Sidewalk está dando los toques finales a una propuesta de desarrollo de distritos gigantes de viviendas, oficinas y tiendas minoristas dentro de ciudades ya existentes.

Ciudades reurbanizables
La compañía estaría buscando localidades con grandes extensiones de tierra que necesiten ser reurbanizadas, como municipios con problemas económicos que tienen un importante deterioro urbano, tal vez a través de un proceso de licitación. Sidewalk se asociaría con una o más de esas ciudades para construir esos distritos, que se prevé cuenten con decenas de miles de residentes y empleados y que estén integrados con tecnología.

El objetivo es crear un campo de pruebas para las ciudades del futuro, proporcionando un área de demostración para ideas que van desde automóviles autoconducidos a infraestructuras más eficientes de servicios eléctricos y suministro de agua, según las fuentes consultadas.

Los detalles sobre esta iniciativa, que fue dada a conocer a principios de este mes por el sitio web de tecnología The Information, son escasos. Más importante aún, no está claro quién cubriría el coste de semejante esfuerzo, estimado en decenas de miles de millones de dólares, ya que el desarrollo urbano a gran escala por lo general requiere de la participación de otros inversores durante un período de años o décadas.

Un elemento clave es que Sidewalk estaría buscando tener autonomía respecto de muchas regulaciones municipales para poder construir sin las limitaciones habituales que conllevan los espacios públicos, como estacionamientos, el trazado de las calles o los servicios públicos.

Si Alphabet (la sociedad matriz de Google) aprueba el proyecto final, éste pasaría a ser una más de las poco probables pero prometedoras inversiones de la compañía, como su división de vehículos autónomos.

Daniel Doctoroff
Sidewalk, que se fundó el año pasado, fue una idea original del presidente ejecutivo de Alphabet, Larry Page, y el presidente ejecutivo, Daniel Doctoroff, zar de desarrollo económico de la ciudad de Nueva York durante los primeros seis años de la Administración del alcalde Michael Bloomberg. Durante su gestión, Doctoroff fue reconocido por tener un enfoque tecnocrático del gobierno y por sus grandes ambiciones en materia de desarrollo urbano, convirtiendo antiguas áreas industriales de Manhattan y Brooklyn en barrios donde las torres de oficinas y apartamentos han brotado como hongos en la última década.

Doctoroff pasó a dirigir Bloomberg LP, la compañía de medios del exalcalde, y el año pasado lanzó Sidewalk. En los últimos meses, Doctoroff y una bandada de consultores y personal, incluyendo varios de sus antiguos subordinados en la municipalidad, habrían trabajado contrarreloj para armar un plan maestro para la iniciativa de desarrollo urbano. "¿Qué harías si realmente pudieras crear una ciudad desde cero?", dijo en febrero, en un discurso pronunciado en la Universidad de Nueva York. "¿Cómo concebirías los fundamentos tecnológicos?".

Los esfuerzos anteriores para construir ciudades inteligentes o distritos integrados con la tecnología han fracasado porque normalmente los planificadores urbanos y ejecutivos de tecnología no se entienden entre sí, aseveró. "Ésa es la razón para la combinación entre Google, que se centra en la tecnología, y yo, que estoy enfocado en la calidad de vida, el urbanismo, etc".

Las ciudades construidas desde cero, como Brasilia o Canberra, son consideradas urbes antisépticas, carentes de la vitalidad que tienen las ciudades más orgánicas.

Por su parte, los proyectos de desarrollo a gran escala dentro de las ciudades a menudo se caracterizan por frecuentes demoras y fracasos. Un ejemplo de todo esto fue Battery Park City, un desarrollo del Bajo Manhattan, que llevó cuatro décadas de desarrollo y una cuasiquiebra hasta que fue completado. En estos casos, los desarrolladores se enfrentan no sólo a los cambios del mercado, sino también a la dinámica política, que también cambia con frecuencia.
Otra noticia de interés. El País: La hora de dar la vuelta a 20 años de fracaso en el urbanismo mundial
El Informe Mundial de Ciudades 2016 dibuja un panorama crecientemente desigual y propone las líneas para las próximas décadas

sábado, 21 de mayo de 2016

Novedad editorial: “Los diez pecados capitales de los empleados públicos"

“Los diez pecados capitales de los empleados públicos (Leyenda y realidad de una tribu universal)” de José Ramón Chaves y Juan Manuel del Valle. Ver reseña deJ.R.Chaves  (Se presentará el domingo 29 de Mayo en la Feria del Libro de Madrid)


Editorial Amarante.- Como ciudadano vas a tener que vértelas alguna vez con un funcionario, y te conviene saber de sus pecados y virtudes. Este libro es un chaleco antibalas. Si eres empleado público tendrás ocasión de ver las debilidades de tus compañeros, de los ciudadanos e incluso las tuyas propias. Por eso también es espejo y vacuna. Tres por uno.
Foto de Editorial Amarante.Bajo la inspiración de la clásica obra de Fernando Díaz-Plaja, “El español y los siete pecados capitales”, y desde el curioso punto de vista de los empleados públicos, se aborda un mundo burocrático de miserias y grandezas, con sus causas y consecuencias, deteniéndonos en leyendas negras y tópicos, pero también exhibiendo los méritos que demuestran la nobleza de su labor.
Por el texto desfila un retablo de pecados clásicos entre sonrisas pícaras, chivatas o cómplices, en el campo abierto de los expedientes, despachos y la gestión de asuntos públicos. La lupa de los autores se adentra en el ámbito de los que responden a apetitos materiales (avaricia, lujuria y gula); también de los que reflejan el poderío psicológico de quien ocupa un cargo o puesto público (soberbia, ira) o los que son propios del humano hedonismo (pereza). Pero como la vida va más deprisa que la tradición, se incorporan tres pecados de nuevo cuño: la frivolidad, la intransigencia y el oportunismo.
Pecados y pecadillos
El libro delata todos esos pecados y pecadillos con fluidez, en tiempo presente, entre anécdotas y chistes, en compañía de Larra, Umbral, Alejandro Nieto y otros muchas personalidades que no se han resistido a pronunciarse sobre ese mundo. Pocos lo han hecho en su favor, lo que tampoco es muy justo. También se delata a los ciudadanos y a los políticos que con ellos tratan, pues ninguno está libre de culpa. Algo tenemos de la culpa de los demás.
Te lo cuentan dos personajes que han amasado trienios en varias administraciones, que te dicen lo que no se cuenta para que no te pille de nuevas y que no piden protección como testigos porque, osando desvelar lo que se cuece en las oficinas públicas, sólo podrán salvarse si la sonrisa del lector les protege. Haz el favor y comienza a sonreír antes ya de empezar a leer.
Nota. La presentación del libro y  firma de ejemplares por parte de los autores será, en primer lugar, en Oviedo, el viernes día 27 de Mayo de 2016, a las 18,00 horas, en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos, en la Palacio Conde de Toreno, en la Plaza Porlier de Oviedo.

Dos días después  en Madrid, el domingo día 29 de Mayo de 2016, entre las 12,30 y 14,00 horas en la Feria del Libro de Madrid, Caseta de la Librería Gaztambide, Caseta 330, C/ Santiago Rusiñol, 8.

El libro ya puede adquirirse bien directamente por internet a Editorial Amarante, o a Amazon bien en la Librería Gaztambide de Madrid (C/ Gaztambide, 6), en la Librería Cervantes de Oviedo (C/ Doctor Casal, 9)

Ver reseña deJ.R.Chaves 

viernes, 20 de mayo de 2016

Curso INAP : Administración y gestión de las herramientas del Portal de la transparencia en ayuntamientos

Cinco  ediciones del curso INAP en Madrid: "Administración y gestión de las herramientas del Portal de la transparencia" 

Edición 1: 6 y 7 de junio de 2016. 
Edición 2: 4 y 5 de julio de 2016. 
Edición 3: 12 y 13 de septiembre de 2016. 
Edición 4: 10 y 11 de octubre de 2016.
Edición 5: 14 y 15 de noviembre de 2016.


Número de horas lectivas: 13.
Número de plazas: 24 por edición.
Lugar de impartición: Calle Atocha, 106. 28012 Madrid


La información detallada con los objetivos, contenidos, metodologías, calendario y valoración del curso será expuesta en la página web del Instituto (www.inap.es), junto a su inscripción. 

Se podrá solicitar información adicional a través del correo electrónico fl@inap.es.





Tesis doctorales: En el BOE de 14 de mayo se ha publicado el extracto de la convocatoria del Premio INAP 2016 para tesis doctorales. El plazo de presentación de solicitudes y documentación en soporte electrónico estará abierto hasta el 15 de julio, inclusive.

Pulse aquí para acceder al texto completo de la convocatoria.

Conferencia sobre dos novedades europeas sobre contratación pública
El documento europeo único de contratación y la contratación electrónica.Celebración 26 de mayo. lazo de inscripción hasta el 22 de mayo. ProgramaInscripción electrónica

Más información en la página web del INAP, en su sede electrónica, en el correo electrónico centroestudios@inap.es y el teléfono: 91 273 92 08